El periodismo regional, entre el miedo y las restricciones

Hacer periodismo en un municipio completamente apartado del resto del país, donde no existe un solo medio de comunicación, con bajísimos niveles de educación y un porcentaje de pobreza muy superior al promedio nacional puede llegar a ser una pesadilla. Tal es el caso del Alto Baudó, un municipio del Chocó colombiano donde para llegar hay que viajar en canoa desde Puerto Meluk, a falta de cualquier otra vía de acceso. Pero no basta con su aislamiento geográfico. Para colmo de males, en el Alto Baudó no hay un solo medio de comunicación. Habrá periodistas o quienes quieran serlo, sin embargo, es un pueblo como muchos otros de Colombia, donde la restricción de acceso a la información es total. 

 

Recientemente, el Centro de Estudios de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, presentó los resultados de su proyecto de investigación “Cartografías de la información”, en el que se estudió la situación del periodismo en 141 municipios del país y 229 medios de comunicación, tomando como regiones objeto de estudio los departamentos de Guaviare, Putumayo, Caquetá, Chocó, Casanare y Cauca, además de las subregiones de Bajo Cauca y Catatumbo. 

 

La infografía elaborada por la FLIP deja al descubierto una realidad regional que ha sido ignorada –aunque se sospechaba–, pero que es parte de ese secreto a gritos del estado del periodismo en las regiones de Colombia. En el Chocó se evidencian todos los males del periodismo local: medios de comunicación que no cubren todo el territorio, autocensura generada por la nefasta influencia motivada por la presencia de guerrilla y paramilitarismo, y un silencio total frente a la minería ilegal de oro. Este ecosistema adverso se extiende a otras regiones del país como el Guaviare, un departamento con 112.621 habitantes, en donde el acceso a internet es menor al 1% y no existen medios digitales.

 

En nuestro mundo de las comunicaciones en tiempo real, en el que las redes sociales son escenarios importantes de crítica y oposición, en el Guaviare están supeditados a la información proporcionada por las emisoras de la Policía y el Ejército Nacional. Mientras en Bogotá, Cali y Barranquilla las personas conocen en tiempo real información de su ciudad, de la nación y del mundo, al Guaviare las noticias viajan, para ilustrarlo de alguna manera ‘a lomo de burro’. Una realidad que nos hace cuestionar sobre la verdadera influencia de las redes a la hora de movilizar, vía información, a un país de regiones aisladas con una profunda brecha digital.  

 

Ahora, no es lo mismo la agenda informativa narrada por un periodista civil, que la agenda informativa de la Fuerza Pública, la cual, en el caso del Guaviare, controla el 30% de los medios de comunicación del epartamento, con claros intereses institucionales. Otro grave hallazgo de la FLIP, además de una escasísima oferta de medios, es un alto riesgo en el ejercicio del periodismo en las zonas que fueron analizadas. Se creería que las principales amenazas a periodistas en estos territorios, sumamente afectados por el conflicto armado y la ilegalidad, vendrían precisamente de los actores armados y la delincuencia común, sin embargo, para nuestro pesar democrático, las amenazas en departamentos como el Guaviare vienen principalmente de funcionarios públicos. De tal manera el político hace lo que le place con el erario público, luego amenaza al periodista que tiene la osadía de denunciarlo, y se asegura, con la pauta oficial, de que no exista medio de comunicación alguno que se atreva a publicar esta información. «Robo, callo y compro», tal parece ser el mantra del funcionario público regional colombiano. 

 

La dependencia económica de la pauta oficial por parte de los medios de comunicación destruye el núcleo esencial de la libertad de expresión, pero parece que el Estado y la sociedad han dejado a su suerte la sostenibilidad económica de los medios locales. El asunto es tan delicado como el de la mujer a la que su esposo le pega pero no puede dejarlo porque no sabe de qué vivir.