Los abogados de la cultura

La labor del abogado suele asociarse en el imaginario popular con asuntos judiciales, asesoría de negocios y trámites comerciales, entre otras tantas situaciones bastante alejadas del ámbito artístico. Por ello, escuchar el término abogados culturales puede resultar exótico e incluso contradictorio. No obstante, en Buenos Aires existe una organización de profesionales del derecho con ese nombre y una finalidad bastante clara: defender la escena creativa local valiéndose de sus conocimientos legales.

 

Se trata de una asociación civil, sin ánimo de lucro, que desde hace más de cinco años tiene presencia en la escena independiente porteña, acompañando a la enorme cantidad de centros culturales y diversos proyectos colectivos que funcionan en varias zonas de la capital argentina. 

 

La agrupación surgió por iniciativa de Claudio Gorenman, un socio del Club Cultural Matienzo, quien se encargaba de las cuestiones legales de su espacio y asistía a otros más en esos temas. Con el tiempo decidió convocar a otros profesionales que quisieran sumarse a trabajar con colectivos de artistas para así colaborar con ellos, todo esto bajo el reconocimiento de que la cultura es un derecho fundamental, y que puede llegar a resultar muy costoso para estos proyectos autogestionados acceder a asesorías de tal índole.

 

La cantidad de voluntarios que conforman la asociación es variable, aunque actualmente se estima entre 30 y 40, y su labor consiste mayormente en orientar a quienes llevan adelante estos espacios culturales en asuntos como los requisitos para estar habilitados para funcionar y, por ende, lo relativo a multas o posibles clausuras impuestas por parte de los entes de control estatales, así como también el acompañamiento y capacitación en temas relacionados con modelos de gestión colectiva y propiedad intelectual.

 

Ahora, la relevancia de su trabajo solo puede ser comprendida al reconocer que la existencia de dichos centros ha sido crucial para la sociedad porteña durante estos últimos años. Tales espacios culturales suelen ser el epicentro del teatro, la música, artes plásticas, literatura, cocina y ecología, entre tantas otras disciplinas, gracias a una enorme oferta de talleres, exposiciones y eventos. Lógicamente, representan también un punto de encuentro a nivel social, y los vecinos de estos lugares los acomodan dependiendo de sus ideas y costumbres, aportándoles una impronta particular. Como consecuencia de ello, lo más común es que el modelo de gestión de aquellos centros sea más parecido al de una cooperativa que al de una empresa, y que haya tanto actividades gratuitas como con costo, dependiendo de cada caso.

 

Santiago Cané, uno de los miembros de Abogados Culturales, afirma que por el momento atienden semanalmente hasta 10 consultas, además de las que resuelven por correo electrónico, generalmente haciendo seguimiento de cada caso. En la actualidad se encuentran trabajando con más de un centenar de colectivos y centros, y participan en conjunto con otras entidades como Cultura Unida y la producción de un congreso de derechos culturales llamado Sismo, que adelantaron hace unos meses para debatir asuntos cruciales en la materia. Incluso, señala Cané –quien trabaja activamente resolviendo consultas y articulando nuevos proyectos con otras entidades con intereses afines–, actualmente colaboran con una Diplomatura en Gestión Cultural y Políticas Públicas que se inició este año en el Centro Universitario de la Cárcel de Devoto, programa provisto por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

 

Otro de los grandes logros de esta asociación ha sido la promulgación de la Ley de Centros Culturales, iniciativa que lideraron, redactando un borrador de su cuerpo normativo y recolectando firmas de ciudadanos, para posteriormente participar del debate que tuvo lugar en la legislatura porteña para su aprobación, en diciembre de 2014. Se trata de una ley que permite habilitaciones en la ciudad de Buenos Aires dentro de un rubro en el que se contempla una gran variedad de actividades. Por ahora varios espacios están siendo asesorados en la gestión de su permiso de funcionamiento bajo esta figura, permitiendo mayor libertad para los espacios culturales y fortaleciendo con ello el vínculo entre público, artistas y productores.

 

Pero el gran objetivo final de Abogados Culturales parece ser el conseguir armar una red de protección de la escena emergente a nivel nacional, y participar en manifestaciones políticas que defienden la cultura independiente, y la autogestión como un medio de transformación de la realidad. Adicionalmente, intentan difundir información sobre los derechos culturales para que las personas se reconozcan como sujetos de derecho y no tan solo como beneficiarios de políticas públicas. Para ello, procuran el uso de un lenguaje claro y sencillo, alejado de los tecnicismos que utilizan las leyes, los funcionarios y muchos profesionales de la rama jurídica.

De cualquier forma, si bien es cierto que la labor llevada a cabo por estos abogados es loable, y aunque este tipo de iniciativas tiene lugar en Argentina y no en Colombia, no puede perderse de vista que en América Latina los países comparten algunas problemáticas y necesidades a nivel social. Vale la pena estudiar la realidad cultural de otros países de la región para preguntarnos: ¿cuáles son los lugares en los que se hace  gestión cultural en nuestras ciudades y cómo existe una relación entre cultura, la pertenencia a un lugar y la identidad de este?, ¿existe algún equivalente de los centros culturales en Colombia?, ¿son necesarios o no que existan tales sitios para incentivar la producción artística independiente? y, de igual modo, ¿qué tanto y de qué manera colaboran los estudiosos del derecho en la defensa de los intereses y el devenir cultural de sus ciudades?

De igual forma, es necesario revisar cuáles son las deudas que tienen el Estado y la ciudadanía pendientes con el sector cultural en miras de ser una sociedad más justa y educada. En este sentido, es necesario dejar en el aire preguntas acercas de la valoración y el apoyo del trabajo de nuestros artistas: ¿cuán dispuestos estamos a pagar por ir a una exposición de artes plásticas o por la entrada a un show de música en vivo?, ¿cómo incentivamos o protegemos nuestro legado artístico?, ¿qué tanto entendemos a la cultura como un derecho y no un privilegio, o mero entretenimiento? Y, tomando en cuenta nuestra situación histórica presente: ¿reconocemos el potencial transformador del arte en tiempos en los que pretendemos reconstruir la moral y la identidad nacionales tras medio siglo de conflicto armado? Mal no vendría el inquirirnos acerca de estas cuestiones. 

 

Imagen de la cuenta de Facebook de Abogados Culturales.

 

 

Eventos y mítines realizados por el Movimiento de Espacios Culturales (Meca) permitieron la aprobación de una ley de espacios culturales en Buenos Aires.